Puigdemont, Junqueras, Turull y otros diez líderes independentistas serán enjuiciados


Llarena ha procesado a 25 de 28 investigados

Juez Llarena ve evidencia de crimen en 25 de los 28 investigados. El Supremo enjuicia a la rebelión Puigdemont, Junqueras, Turull y otros diez líderes independentistas

El juez Pablo Llarena ha procesado a 13 dirigentes procés por un crimen de rebelión: el ex Presidente Carles Puigdemont, Vice-Vicepresidente Oriol Junqueras, siete exconcejales (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, clara Ponsatí, Josep Rull, Toni ate y Dolors Bassa), al ex Presidente del Parlament Carme Forcadell, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y al Secretario General de la ERC, Marta Rovira.

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Turull se presenta ante el Supremo sin conseguir electos el Presidente Rovira, Forcadell y Bassa renuncian a los escaños y así ir para el enjuiciamiento en acusación, juzgan también a cinco miembros procesosados del gobierno catalán cuando ocurrieron los acontecimientos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de flujos públicos y desobediencia.

Además del delito de rebelión también serán enjuiciadso por malversación, sin perjuicio de que la calificación pueda ir a incardinarse en delito específico de malversación, a Puigdemont, Junqueras y siete exconselles serán enjuiciados (artículo 432 del Código Penal) o ser absorbido en delito agravado de rebelión con distracción de los flujos públicos de su inversión legítima a que se refiere el artículo 473,2 del Código Penal.

Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; estos cinco ex miembros de la Junta del Parlamento de CataluñaTambién serán procesados por el delito de desobediencia. Además de Mireia boya, ex Presidente del grupo parlamentario de Copa, y Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo. 


Así también Llarena ha procesado a 25 de 28 investigados, dejando sin procesar al ex Presidente de la Generalitat Artur Mas, Coordinador General de PDeCAT, Marta Pascal, y al ex Presidente de la Asociación de municipios por la independencia Neus rainas.

2,1 millones de euros como bono de responsabilidad


El juez establece un bono de responsabilidad civil por valor de 2,1 millones euros que debe ser proporcionado conjuntamente por 14 antiguos miembros del antiguo Gobierno, es decir, Puigdemont, Junqueras, Turull, Forn, Ponsatí, Rull, Romeva, Comin, Puig, Mundó, Bassa, Borrás, Vila y Serret. La cantidad se ha establecido añadiendo a 1,6 millones euros, que el juez dice que fue el dinero que se usó para cubrir el referéndum de 1-0, más el tercero de esa cantidad que se añadirá de acuerdo a la ley para este tipo de fianza para garantizar la responsabilidad económica.

En su coche el juez detalla hechos atribuidos a cada uno de los investigados y realiza una historia de acciones llevadas a cabo por m en los últimos seis años para romper con España.

Basandose en un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado, el instructor declara la independencia de Cataluña, fuera de la ley.

El magistrado pone inicio de este concierto el 19 de diciembre de 2012, cuando el candidato a la Presidencia de la Generalitat y líder de la CFU, Mas, firmó "Convenio para la transición nacional y para garantizar estabilidad del gobierno de Cataluña", con el Presidente de Esquerra Republica de Catalunya Oriol Junqueras; acuerdo que determinó el nombramiento de Mas como Presidente de la Generalitat.

Libro blanco de la transición Nacional de Cataluña

El Juez Llarena hizo un inciso de importante referencia sobre el "libro blanco de la transición Nacional de Cataluña", presentado por Artur Mas, cuando proclamó la legitimidad del proceso de autodeterminación de Cataluña y que desde entonces ha servido como plan de ruta a seguir para el proceso de transición de un país independiente a Cataluña.

Este libro "examinó diferentes procedimientos para la creación de un nuevo estado, dependiendo de donde la independencia podría lograrse a través de un marco colaborativo negociado.

Con el gobierno español, o, por el contrario, desplegar instrumentos de oposición a la independencia por estado.

"Es decir, no fue la independencia consecuencia de una falta de negociación con el estado, pero el objetivo que se pretende lograr en cualquier caso, en primer lugar a través de un acuerdo pactado y, si no, unilateralmente y obligar al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscó ser creado, "dice Llarena.

Al mismo tiempo que el gobierno y el Parlamento desarrollaron el contenido del libro blanco, en marzo de 2015 se amplió el concierto de acción ilegal "o grupos diferentes de partidos políticos que formaron la mayoría política que proporcionaron apoyo a la administración de Generalidad y que y había firmado Pacto de legislatura.

Llarena recuerda sentencias de corte constitucional que gobiernan y el Parlamento cuadro para la desobediencia en función de una estrategia que culminó el 27 de octubre de 2017 con la declaración unilateral de independencia adoptada en la cámara catalana.

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