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jueves, 2 de marzo de 2017

Morales: “Sector Las Carmelitas es considerado una zona Abrae”

Gobierno bolivariano exige adecuación a productores

Esta zona Abrae, se encuentra habitada por un total de 96 productores, quienes tienen siete meses con el plazo de adecuación vencido

(Secretaria de comunicación e información) El Gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua, rechazó la denuncia efectuada por los productores del sector Las Carmelitas, del municipio Nirgua quienes aseguran se efectuó un desalojo arbitrario, por parte de representantes del ejecutivo.

El director del Minea Yaracuy, Rafael Morales, señaló que los espacios considerados como un Área bajo régimen de administración especial (Abrae), se encuentran ocupados de manera ilegal por un grupo de productores agrícolas, según lo establecido en el la Ley del Ambiente, Ley de Agua, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario así como la Ley de Bosques. 

“De manera categórica desmentimos las acusaciones realizadas sobre un presunto desalojo arbitrario por parte del gobierno de Yaracuy, es una denuncia sin fundamento legal, y hacemos saber a la opinión pública, que existe una medida cautelar estadal con fecha de agosto del año 2016, en donde se aclara a los ocupantes que tienen el deber de adecuar su estadía en beneficio del ambiente y de la colectividad yaracuyana”, explicó.

Plazo de adecuación vencido

Esta zona Abrae, se encuentra habitada por un total de 96 productores, quienes tienen siete meses con el plazo de adecuación vencido, según lo señalado en la ley orgánica de ordenamientos territoriales, y hasta el momento no se han realizado los cambios solicitados.

El funcionario, indicó que las medidas tomadas directamente por el Tribunal Agrario se encuentran apegadas al ordenamiento jurídico, según lo establecido en la Ley del Ambiente que señala en su artículo 21, “las actividades susceptibles de degradar el ambiente en forma no irreparable y que se consideren necesarias por cuanto reporten beneficios económicos o sociales evidentes, sólo podrán ser autorizados si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de autorización se establecerán las condiciones, limitaciones y restricciones que sean pertinentes”, expresó.

“Nosotros como gobierno, debemos velar por la conservación de nuestros espacios naturales, y en este sentido serán los tribunales quienes determinen las sanciones pertinentes, de no cumplirse con la medida establecida en los plazos pautados”, puntualizó el representante del Minea Yaracuy.

Para finalizar, señaló que el estado como ente, tiene como misión hacer cumplir el decreto 3. 203, medida respaldada por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Constitución Nacional y el Plan de La Patria, ante el Tribunal Superior Agrario, en función de proteger y conservar las fuentes naturales de producción y suministro de agua potable, que llegan a la colectividad.

SCI/RP

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